En el barrio Cielo Azul se ha generado una creciente controversia comunitaria a raíz de las denuncias realizadas por vecinos, padres de familia y miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC), quienes señalan a una mujer identificada como Marlén Romero como protagonista de una situación que, según afirman, estaría afectando la tranquilidad de los niños y adolescentes del sector, al punto de que varios menores aseguran sentir temor o incomodidad al transitar frente a su vivienda. De acuerdo con los testimonios recogidos en la comunidad, algunos niños manifiestan que evitan pasar por esa calle porque, según su versión, la mujer suele llamarlos de manera insistente para enviarles a realizar múltiples mandados, como ir a la tienda o devolver productos en repetidas ocasiones, situación que, aseguran, se repite varias veces en un mismo día. “Nos manda hasta 20 veces y después nos manda a devolver eso”, expresó uno de los menores del barrio, versión que ha sido reiterada por otros niños y respaldada por algunos padres que aseguran haber notado cambios en las rutinas y el comportamiento de sus hijos, quienes prefieren tomar caminos más largos con tal de no pasar frente a la casa señalada.
Según estas denuncias, los menores afirman que, pese a realizar los encargos, no reciben ningún tipo de propina o reconocimiento, lo que ha generado inconformidad y sensación de abuso, especialmente porque consideran que se trata de tiempo que debería estar destinado al juego, al estudio o al descanso. Por su parte, la mujer señalada, según relatan vecinos que han conversado con ella, argumentaría que su intención no es perjudicar a los niños, sino “mantenerlos ocupados”, ya que, de acuerdo con su postura, no le agrada ver a los menores “sin hacer nada” en la calle, una explicación que ha dividido opiniones dentro del barrio, pues mientras algunos residentes consideran que se trata de una visión equivocada sobre la crianza y el derecho de los niños al juego, otros aseguran que la situación ha sido exagerada.
No obstante, el malestar ha escalado hasta el punto de que la Junta de Acción Comunal, junto con varios habitantes del sector, ha iniciado una recolección de firmas con el objetivo de solicitar la salida de la mujer del barrio, argumentando que la convivencia se ha visto afectada y que los niños no deberían sentirse intimidados o condicionados en un espacio que es de tránsito público.
Padres de familia han manifestado su preocupación, señalando que ningún adulto debería ejercer presión sobre menores ajenos a su núcleo familiar para realizar actividades sin consentimiento de sus acudientes, y que este tipo de prácticas podrían normalizar conductas inapropiadas si no se corrigen a tiempo. Al mismo tiempo, líderes comunitarios han indicado que buscan una solución pacífica y legal, que priorice el bienestar de los niños y la armonía del barrio, y que la recolección de firmas no busca generar linchamientos sociales, sino llamar la atención de las autoridades competentes para que evalúen la situación y medien en el conflicto.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de entidades como la Policía, la Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ni existe información pública que confirme la apertura de un proceso formal, por lo que los hechos relatados corresponden exclusivamente a versiones de la comunidad. El caso ha abierto un debate más amplio entre los habitantes de Cielo Azul sobre los límites entre la corrección social, la convivencia barrial y los derechos de los niños, así como sobre la responsabilidad de los adultos frente al trato hacia los menores en espacios comunitarios. Mientras algunos vecinos consideran que se requiere intervención institucional para proteger a los niños y aclarar lo ocurrido, otros hacen un llamado a no estigmatizar ni señalar sin una investigación adecuada, insistiendo en que cualquier medida debe respetar el debido proceso y la dignidad de todas las personas involucradas. Por ahora, la situación continúa generando comentarios, posturas encontradas y preocupación en el barrio, a la espera de que se establezca un diálogo formal entre las partes y, de ser necesario, la intervención de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar una convivencia sana, en la que los niños puedan transitar libremente, sentirse seguros y ejercer su derecho al juego y al bienestar, sin que ello implique conflictos innecesarios dentro de la comunidad.
