El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó formalmente a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social, una medida que el Gobierno considera fundamental para atender con urgencia las graves consecuencias que ha dejado la actual ola invernal en diferentes regiones del país, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la situación ha alcanzado niveles críticos y amenaza con convertirse en una crisis humanitaria de gran magnitud.
El mandatario explicó que las intensas y persistentes lluvias, asociadas a fenómenos climáticos atípicos y al incremento de frentes fríos, han generado un escenario devastador que supera la capacidad ordinaria de respuesta de las autoridades locales, razón por la cual se hace indispensable contar con herramientas excepcionales que permitan movilizar recursos, acelerar contrataciones, ejecutar obras de mitigación y garantizar atención inmediata a las comunidades afectadas.
Según el balance oficial presentado por el jefe de Estado, la emergencia ya deja al menos 14 personas fallecidas, 9.000 viviendas completamente destruidas, cerca de 50.000 familias damnificadas, más de 35.000 hectáreas inundadas y alrededor de 300.000 personas impactadas de manera directa, cifras que reflejan la dimensión del desastre y el profundo impacto social, económico y humanitario que atraviesa el país.
Petro advirtió además sobre un riesgo latente de inseguridad alimentaria y hambre en amplias zonas rurales y urbanas de Córdoba y Sucre, donde las inundaciones han arrasado cultivos, afectado la ganadería, interrumpido vías de acceso y dejado a miles de familias sin medios de subsistencia, aumentando la vulnerabilidad de poblaciones históricamente golpeadas por la pobreza y la falta de infraestructura.
El presidente señaló que la suspensión del decreto por parte de la Corte Constitucional ha limitado la capacidad del Ejecutivo para actuar con la rapidez que exige la emergencia, pues sin esta herramienta jurídica se dificultan procesos clave como la asignación extraordinaria de recursos, la compra inmediata de ayudas humanitarias, la intervención de diques y jarillones, y la implementación de planes de recuperación económica para las zonas afectadas.
En su pronunciamiento, el mandatario enfatizó que no se trata de una disputa política ni institucional, sino de una decisión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de colombianos que hoy lo han perdido todo, reiterando su respeto por la independencia de poderes, pero solicitando sensibilidad y celeridad frente a la magnitud de la tragedia.
Las autoridades nacionales han advertido que, de no adoptarse medidas urgentes, los efectos de la ola invernal podrían prolongarse durante semanas o incluso meses, debido a la saturación de los suelos, el aumento del caudal de ríos estratégicos y la fragilidad de los sistemas de drenaje en varias ciudades y municipios, lo que incrementa el riesgo de nuevas inundaciones, brotes de enfermedades, desplazamientos forzados y colapso de servicios básicos. Mientras tanto, gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y fuerzas de seguridad continúan trabajando con recursos limitados para atender la emergencia, habilitar albergues temporales, distribuir ayudas y evacuar a las familias en mayor riesgo, al tiempo que crece la presión social para que el Gobierno Nacional pueda actuar sin restricciones legales en un contexto que muchos califican como una de las peores emergencias climáticas de los últimos años.
El llamado del presidente Petro también se produce en medio de un debate nacional sobre la preparación del país frente al cambio climático y la necesidad de fortalecer políticas de prevención, ordenamiento territorial y adaptación, especialmente en regiones vulnerables como la Costa Caribe, donde fenómenos como las crecientes de ríos y las lluvias extremas se repiten con mayor frecuencia y severidad.
Conclusión: mientras Colombia enfrenta una emergencia sin precedentes que deja dolor, pérdidas humanas y miles de familias en la incertidumbre, la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia será clave para determinar la rapidez y efectividad de la respuesta estatal, en un momento en el que cada hora cuenta para salvar vidas y evitar que la tragedia siga creciendo.
