La emergencia por inundaciones que golpea a Córdoba y varias regiones del Caribe colombiano continúa dejando un panorama crítico para miles de familias, al tiempo que reabre un debate de fondo sobre el impacto ambiental y social de la represa Urrá en el bajo río Sinú, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara públicamente que esta obra “nunca debió construirse” y que su funcionamiento habría agravado los efectos de las lluvias recientes.
Según el mandatario, el actual escenario es consecuencia de una combinación peligrosa entre precipitaciones excepcionales asociadas a la temporada invernal, suelos completamente saturados por acumulación de agua y los aportes adicionales provenientes del embalse, factores que habrían reducido la capacidad natural del río para regular sus caudales y contener las crecientes, aumentando el riesgo para comunidades ribereñas históricamente vulnerables.
Petro insistió en que la gestión de los embalses no puede limitarse a criterios de generación energética, sino que debe priorizar de manera absoluta la protección de la vida humana, el equilibrio ambiental y la seguridad de los territorios aguas abajo, recordando que muchas de las poblaciones afectadas dependen directamente del río para su subsistencia.
La situación en Córdoba es especialmente preocupante, con reportes de miles de viviendas inundadas, extensas zonas rurales bajo el agua, cultivos perdidos y un impacto directo en la seguridad alimentaria de la región, mientras autoridades locales advierten sobre el riesgo de brotes de enfermedades y el deterioro de las condiciones sanitarias. En este contexto, las declaraciones del presidente han generado reacciones encontradas.
Por un lado, comunidades y sectores ambientales respaldan la postura del Gobierno, señalando que desde la construcción de Urrá se advirtió sobre alteraciones en el régimen natural del río Sinú, afectaciones a humedales y cambios en los ciclos de inundación que históricamente fertilizaban los suelos; por otro, defensores del proyecto argumentan que la represa cuenta con estudios técnicos y que su operación se ajusta a protocolos establecidos, aunque reconocen que los eventos climáticos extremos han puesto a prueba la capacidad de control del sistema.
Petro subrayó que el cambio climático ha intensificado las lluvias y exige una revisión profunda de la infraestructura existente, especialmente aquella construida bajo modelos que no contemplaban escenarios extremos como los actuales, por lo que anunció evaluaciones técnicas y ambientales para determinar responsabilidades, revisar la operación del embalse y ajustar los protocolos de manejo del agua, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir nuevas tragedias.
Asimismo, el Gobierno nacional reiteró su compromiso de atender a las familias damnificadas mediante ayudas humanitarias, albergues temporales y apoyo a la recuperación productiva, mientras se coordinan acciones con alcaldías, gobernaciones y organismos de gestión del riesgo. La emergencia también ha encendido alarmas en otras zonas del Caribe colombiano, donde ríos y ciénagas presentan niveles críticos, evidenciando la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de una política integral de ordenamiento del territorio que respete las dinámicas naturales del agua.
En medio de este escenario, expertos han señalado que más allá de responsabilidades puntuales, el debate debe enfocarse en cómo armonizar desarrollo, infraestructura y sostenibilidad, aprendiendo de los errores del pasado y evitando que decisiones técnicas desconectadas del contexto social y ambiental sigan cobrando factura en forma de desastres recurrentes.
Las palabras del presidente, lejos de ser solo una crítica, buscan abrir una discusión nacional sobre el modelo energético, la planificación hídrica y la protección de las comunidades más expuestas, en un país donde las lluvias, históricamente fuente de vida, se han convertido cada vez más en una amenaza constante para miles de hogares.
Conclusión, la crisis actual en Córdoba y el Caribe no solo refleja los efectos de una temporada invernal intensa, sino también la urgencia de revisar a fondo el papel de grandes infraestructuras como la represa Urrá, priorizando la vida, el ambiente y la justicia territorial, para que la gestión del agua deje de ser un factor de riesgo y se convierta en una verdadera herramienta de protección y desarrollo sostenible.
