En las últimas semanas, el departamento colombiano de Córdoba ha sido sacudido por una de las peores emergencias hidrometeorológicas de los últimos años, provocada por lluvias intensas y persistentes que han inundado gran parte del territorio y dejado a miles de familias damnificadas, cultivos destruidos e infraestructura gravemente afectada. En medio de esta situación crítica, se generó un ambiente de tensión política y reclamo público por parte del gobernador Erasmo Zuleta Bechara hacia el Gobierno Nacional, al que ha responsabilizado por una respuesta que él considera insuficiente, tardía y descoordinada frente a la magnitud de la emergencia.
Desde Montería, la capital, Zuleta ha liderado el Puesto de Mando Unificado (PMU) y diversas acciones operativas para enfrentar la crisis, incluidas labores de rescate con apoyo del Ejército Nacional y organismos de socorro, gestión de evacuaciones, entrega de ayuda humanitaria y despliegue de maquinaria amarilla en zonas afectadas, así como diagnósticos técnicos sobre afectaciones en instituciones educativas para decidir la continuidad de clases.
La emergencia ha obligado al departamento a decretar calamidad pública, una medida extraordinaria que busca agilizar la movilización de recursos, articular esfuerzos institucionales ante la crisis y ampliar la capacidad de respuesta, tras registrar inundaciones en casi la mitad de sus municipios y más de 13.000 personas afectadas, con un impacto directo sobre hogares, vías, puentes, servicios básicos y centros de salud.
En el marco de una reunión interna en la Gobernación, trascendió que Zuleta manifestó con firmeza su profundo descontento por lo que considera una mala gestión desde el nivel central, acusando al Gobierno Nacional —y a entidades como el IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— de no haber ofrecido soluciones oportunas ni una reacción eficiente frente a las alertas y al avance de la emergencia, dejando a Córdoba y a sus comunidades en una situación de vulnerabilidad que se traduce en pérdidas humanas y materiales.
Según los reportes oficiales y las declaraciones del mandatario departamental, la temporada de lluvias ha generado niveles históricamente altos en ríos como el Sinú, con efectos agravados por la operación de la central hidroeléctrica Urrá I, lo que ha obligado a tomar decisiones difíciles como la apertura y cierre de compuertas para tratar de manejar los caudales, acciones que también han sido foco de debate y preocupación por su impacto en las comunidades ribereñas.
Frente a este contexto, Zuleta ha insistido en que la falta de inversión y de acciones preventivas estructurales por parte del Gobierno Nacional y las entidades responsables del riesgo climático ha dejado al departamento en una situación de alta exposición, argumentando que “invertir en prevención es mucho más efectivo que reaccionar cuando ya se han perdido vidas”. Esta crítica forma parte de un llamado más amplio para que la Nación brinde apoyo urgente —no solo asistencia humanitaria inmediata, sino también recursos financieros y técnicos para reconstrucción y mitigación de riesgos a mediano y largo plazo, manteniendo un enfoque en la protección de la vida como prioridad máxima.
Además de los esfuerzos en terreno, Zuleta ha promovido llamadas a la evacuación obligatoria en zonas de alto riesgo, enfatizando la necesidad de que alcaldes, organismos de control y autoridades municipales se coordinen eficazmente con la Gobernación y las instancias nacionales para garantizar la seguridad de las personas, la articulación de ayuda y la gestión integral de la emergencia hídrica que afronta Córdoba.
La situación sigue siendo fluida y la complejidad del panorama exige no solo una respuesta eficaz en lo inmediato, sino también reflexiones profundas sobre la gestión del riesgo, el cambio climático y las inversiones estructurales necesarias para preparar mejor a las regiones frente a fenómenos cada vez más intensos y recurrentes.
