La Nueva EPS elevó una solicitud formal ante varios despachos judiciales del país para que se ordene el levantamiento inmediato de los embargos que actualmente pesan sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), argumentando que dichos fondos cuentan con protección constitucional y legal, son inembargables y están destinados exclusivamente a garantizar la atención médica de millones de afiliados en todo el territorio nacional. La entidad advirtió que mantener estas medidas judiciales pone en riesgo la prestación de un servicio público esencial y vulnera un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia.
Según explicó la EPS, los recursos embargados hacen parte de un sistema de financiación con destinación específica, creado para asegurar el acceso oportuno, continuo y de calidad a los servicios de salud. En ese sentido, la entidad recordó que la normatividad vigente prohíbe expresamente que estos dineros sean utilizados para fines distintos a los previstos por la ley, y mucho menos que sean objeto de medidas cautelares que comprometan su disponibilidad.
Argumentos jurídicos y constitucionales
En los documentos radicados ante los jueces, Nueva EPS sustentó su petición en normas constitucionales, legales y jurisprudenciales que reconocen el carácter inembargable de los recursos del SGSSS. La entidad subrayó que estos fondos no son patrimonio propio de las EPS, sino recursos públicos administrados con el único propósito de garantizar la atención en salud de los afiliados al sistema.
De acuerdo con la EPS, cualquier embargo que recaiga sobre estos recursos contraviene la Constitución, particularmente los principios que protegen el derecho fundamental a la salud, así como las disposiciones legales que regulan el funcionamiento y financiación del sistema. Además, recordó que la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que la salud es un derecho fundamental autónomo, cuya protección debe prevalecer sobre intereses económicos o litigios particulares.
“La afectación de estos recursos no solo desconoce su naturaleza jurídica, sino que compromete directamente la vida, la integridad y el bienestar de millones de personas”, señaló la entidad en su solicitud, insistiendo en que las decisiones judiciales deben armonizarse con la protección de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud.
Impacto en la prestación del servicio
Nueva EPS advirtió que la continuidad de los embargos tiene consecuencias graves e inmediatas sobre la operación del sistema. La interrupción o restricción en el flujo de recursos dificulta el pago oportuno a clínicas, hospitales, proveedores de medicamentos, personal médico y demás actores de la red de servicios, lo que podría traducirse en retrasos en tratamientos, suspensión de procedimientos, desabastecimiento de medicamentos y afectaciones en la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
La EPS enfatizó que la salud es un servicio público esencial, lo que implica que su prestación no puede ser interrumpida ni condicionada por disputas económicas. En ese sentido, sostuvo que los embargos generan una presión financiera incompatible con la naturaleza del servicio, afectando no solo a la entidad, sino principalmente a los afiliados, quienes son los destinatarios finales de los recursos.
Asimismo, la entidad alertó que mantener estas medidas judiciales puede profundizar la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano, caracterizada por dificultades financieras, altos costos de atención y una creciente demanda de servicios. Para Nueva EPS, permitir que los recursos del SGSSS sean embargados sienta un precedente peligroso que podría extenderse a otras entidades y poner en jaque la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
Llamado a los organismos de control y autoridades del sector
Ante este panorama, Nueva EPS solicitó el acompañamiento institucional de los organismos de control y de las autoridades competentes del sector salud, con el fin de garantizar la integridad jurídica y operativa del sistema. La entidad hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a otras instancias de vigilancia para que intervengan y verifiquen que las decisiones judiciales respeten el marco legal que protege los recursos del SGSSS.
La EPS señaló que el objetivo de esta solicitud no es evadir responsabilidades legales ni desconocer obligaciones contractuales, sino asegurar que cualquier controversia se resuelva sin afectar el derecho fundamental a la salud de los afiliados. En ese sentido, insistió en que existen mecanismos legales alternativos para dirimir conflictos económicos sin recurrir a medidas que comprometan recursos protegidos por la ley.
Contexto del sistema de salud
El pronunciamiento de Nueva EPS se da en un contexto complejo para el sistema de salud colombiano, marcado por debates sobre su sostenibilidad financiera, reformas estructurales y el papel de las EPS como administradoras de los recursos. En medio de este escenario, la discusión sobre la embargabilidad de los fondos del SGSSS cobra especial relevancia, pues involucra no solo aspectos jurídicos, sino también sociales y humanos.
Expertos en derecho sanitario han señalado en diversas ocasiones que la protección de estos recursos es clave para garantizar la estabilidad del sistema y evitar que decisiones aisladas generen efectos en cadena que afecten a millones de usuarios. Desde esta perspectiva, la solicitud de Nueva EPS reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en torno a la financiación de la salud y de armonizar las decisiones judiciales con la protección de derechos fundamentales.
Conclusión
La solicitud de Nueva EPS para levantar los embargos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre la protección del derecho fundamental a la salud, la naturaleza jurídica de los recursos públicos y la responsabilidad del Estado de garantizar la prestación continua de un servicio esencial. Más allá del caso puntual, el llamado de la entidad evidencia los riesgos que enfrentan millones de afiliados cuando se adoptan medidas que afectan el flujo de recursos destinados exclusivamente a la atención médica. En un sistema ya tensionado por dificultades financieras y operativas, la preservación de la inembargabilidad de estos fondos se presenta como un elemento clave para asegurar la estabilidad, la legalidad y, sobre todo, la protección efectiva de la vida y la salud de los colombianos.
