El desalojo ejecutado en el sector conocido como invasión Berlín, en la margen izquierda de Montería, se ha convertido en uno de los hechos sociales más controversiales de los últimos tiempos en la capital cordobesa, luego de que la Alcaldía de Montería, bajo la administración del alcalde Hugo Kerguelén, ordenara un operativo que terminó con la expulsión de aproximadamente 5.000 personas que ocupaban estos terrenos de manera informal, una acción que contó con el respaldo de la Inspección de Policía y el acompañamiento de la fuerza pública, incluido el ESMAD, y que dejó a miles de familias en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según lo ocurrido, desde tempranas horas se desplegó un amplio dispositivo de seguridad que rodeó el asentamiento, impidiendo el ingreso y salida de los habitantes mientras se notificaban las órdenes administrativas de desalojo, generando escenas de angustia, llanto y desesperación entre niños, mujeres cabeza de hogar y adultos mayores que durante años habían construido allí sus precarias viviendas con materiales improvisados como madera, plástico y zinc.
Decenas de casas fueron derribadas en cuestión de horas, acabando no solo con los techos que protegían a estas familias, sino también con el esfuerzo de años de quienes, ante la falta de oportunidades y el alto costo de la vivienda formal, encontraron en este asentamiento la única alternativa para sobrevivir. El operativo ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes señalan que, si bien la administración municipal argumenta la recuperación de predios y el cumplimiento de la ley, el procedimiento habría carecido de una ruta clara de atención humanitaria inmediata, ya que muchas de las personas desalojadas quedaron literalmente en la calle, sin albergues temporales suficientes, sin ayudas económicas urgentes y sin garantías reales de reubicación.
Testimonios de los afectados relatan que varias familias no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias, perdiendo colchones, electrodomésticos, documentos y enseres básicos, mientras que otros denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza para dispersar a quienes intentaban resistirse pacíficamente o pedir más tiempo para desalojar voluntariamente. Desde la Alcaldía de Montería se ha señalado que el asentamiento Berlín se encontraba en terrenos que no pueden ser habitados por razones legales, ambientales o de planeación urbana, y que la ocupación irregular representaba riesgos tanto para sus habitantes como para el desarrollo de proyectos futuros de la ciudad; sin embargo, la magnitud del desalojo y la falta de soluciones visibles han intensificado el debate público sobre la política de vivienda, la desigualdad social y el manejo de la pobreza urbana en Montería.
Líderes comunitarios afirman que muchas de las familias llevaban años solicitando programas de vivienda de interés social sin recibir respuesta efectiva, lo que los empujó a ocupar estos predios como último recurso, y aseguran que nunca se les presentó un plan serio de concertación antes del operativo. El impacto social del desalojo es profundo, ya que cientos de niños quedaron sin un lugar donde dormir, interrumpiendo su asistencia escolar, mientras adultos mayores y personas con enfermedades crónicas enfrentan ahora condiciones aún más precarias, expuestos al sol, la lluvia y la inseguridad.
En redes sociales, el hecho ha generado una ola de reacciones divididas: algunos ciudadanos respaldan la acción del alcalde argumentando que las invasiones no pueden seguir creciendo sin control, mientras que otros califican el operativo como inhumano e insensible, reclamando que el Estado no puede limitarse a desalojar sin ofrecer alternativas dignas. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión histórica entre legalidad y justicia social, así como la necesidad urgente de políticas públicas integrales que no solo recuperen el espacio urbano, sino que también garanticen el derecho a una vivienda digna para las poblaciones más vulnerables. Mientras tanto, las familias desalojadas de la invasión Berlín permanecen a la espera de respuestas concretas, ayudas reales y soluciones de fondo, en medio de la incertidumbre y el temor de no saber dónde pasarán las próximas noches, convirtiendo este desalojo en un símbolo doloroso de la crisis social que aún persiste en Montería.
