Después de varias semanas de silencio absoluto y ausencia pública, periodo que coincidió con el bombardeo del Ejército a un campamento ubicado en zona rural del municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, reapareció en redes sociales Nain Pérez Toncel, conocido con el alias de “el Bendito Menor”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura armada que disputa el control territorial en el norte del país.
Cuya presencia ha sido asociada a homicidios, extorsiones, amenazas y enfrentamientos por rutas de economías ilegales, publicación en la que el señalado líder aseguró encontrarse en proceso de recuperación tras el operativo militar, confirmando de manera implícita las versiones que circulaban sobre su presunta herida durante el ataque aéreo, del cual las autoridades no han entregado mayores detalles oficiales sobre bajas o resultados operacionales, y en el que también se ha mencionado la desaparición o el estado de salud incierto de su pareja sentimental, Rosa Tarazona, alias “La Bebecita”, de quien no se tiene confirmación pública sobre su paradero, lo que ha alimentado rumores y especulaciones en círculos locales.
Un mensaje, difundido a través de una historia de Instagram, el cabecilla afirmó que su condición física “no es impedimento para luchar por el bienestar de su pueblo”, frase que, además de confirmar su supervivencia al bombardeo, busca proyectar una imagen de liderazgo activo en medio de un escenario de presión militar y persecución estatal, y que fue acompañada de una convocatoria que causó sorpresa y controversia en la opinión pública regional: una marcha ciudadana por la paz de La Guajira, con fecha, hora y punto de encuentro específicos —5 de febrero, 7:00 a. m., parque frente al colegio Liceo Padilla—, en la que invitó a “trabajadores, comerciantes y estudiantes” a movilizarse para exigir seguridad, llamado que resulta particularmente llamativo por provenir de un actor señalado de liderar una estructura armada ilegal que ha sido vinculada precisamente a la generación de escenarios de violencia e intimidación en la región.
El mensaje no se limitó a la convocatoria, sino que incluyó una narrativa política en la que el propio Pérez Toncel afirmó que su lucha “nunca ha sido ni será en contra del Estado”, reconociendo de forma discursiva la legitimidad de las instituciones, aunque al mismo tiempo justificó el uso de la fuerza bajo el argumento de que, cuando el diálogo y la justicia son ignorados, la violencia se convierte en un recurso extremo y necesario para proteger a los “ciudadanos de bien”, postura que reproduce un marco de legitimación del accionar armado al presentarlo como una respuesta a supuestos vacíos institucionales, narrativa recurrente en organizaciones ilegales que buscan obtener respaldo social o, al menos, disminuir el rechazo comunitario frente a su presencia en los territorios.
En ese mismo pronunciamiento, el cabecilla exigió un “alto al fuego inmediato y sin condiciones en Riohacha y sus alrededores”, señalando que no quiere “un homicidio más” y que la población civil no puede seguir siendo puesta en riesgo, discurso que contrasta con los reportes de seguridad que dan cuenta de la persistencia de disputas armadas por el control de corredores estratégicos en La Guajira, escenario que ha afectado de manera directa a comerciantes, transportadores, líderes sociales y comunidades rurales que quedan atrapadas entre actores armados y operaciones de la Fuerza Pública; expertos en conflicto armado y analistas de seguridad advierten que este tipo de pronunciamientos públicos, especialmente cuando se difunden a través de redes sociales, pueden cumplir múltiples funciones estratégicas.
Por un lado, demostrar supervivencia y capacidad de mando tras un golpe militar, lo cual refuerza la percepción de vigencia del liderazgo dentro de la estructura armada; por otro, buscar posicionar una narrativa de “voluntad de paz” que, sin un proceso formal de sometimiento a la justicia o de diálogo institucional, se queda en el plano del discurso y puede generar confusión en sectores de la ciudadanía que anhelan una reducción real de la violencia en el territorio; al mismo tiempo, las autoridades mantienen la presión operativa en la zona y reiteran que cualquier manifestación pública que involucre la convocatoria de un actor armado ilegal debe ser analizada con cautela, tanto por los riesgos de seguridad que implica la concentración de personas en un contexto de alta conflictividad como por la posibilidad de que se utilicen movilizaciones ciudadanas para enviar mensajes de poder territorial o intentar ganar legitimidad social.
Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, por su parte, han expresado preocupación por la instrumentalización del lenguaje de la paz por parte de estructuras armadas que, en la práctica, continúan ejerciendo control mediante la intimidación, recordando que la verdadera construcción de paz pasa por el respeto a la vida, el desmonte real de las economías ilegales, la garantía de los derechos de las comunidades y la presencia integral del Estado en los territorios históricamente abandonados; en ese contexto, la reaparición pública de alias “el Bendito Menor” se inscribe dentro del catálogo de noticias de orden público y seguridad de alta relevancia, al confirmar su supervivencia tras un operativo militar, evidenciar la persistencia de liderazgos armados en La Guajira y reabrir el debate sobre los límites entre los discursos de paz y las realidades del conflicto territorial.
Dejando claro que, más allá de los mensajes difundidos en redes, la población civil continúa siendo la principal afectada por una confrontación que no da tregua; en conclusión, el llamado a la paz hecho por un cabecilla de una estructura armada, sin acciones verificables de desescalamiento del conflicto ni sometimiento a la institucionalidad, pone en evidencia la complejidad del escenario de seguridad en La Guajira y la urgencia de respuestas integrales del Estado que combinen presión legítima contra los actores ilegales, protección efectiva a la población civil y una presencia social sostenida que cierre los espacios que hoy siguen siendo ocupados por la violencia.
