El lunes 26 de enero de 2026, el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba (Colombia), se vio sacudido por un hecho de violencia que ha generado indignación y profunda tristeza en la comunidad y en todo el país: el presunto feminicidio de Yuliana Martínez Cleto, una joven de apenas 24 años, presuntamente a manos de su compañero sentimental, identificado por las autoridades como Yosman Emil Herazo Morales, conocido en redes y medios locales como “El monstruo del bisturí”. Este caso, que ha sido ampliamente difundido en medios, ha vuelto a poner sobre la mesa la crítica situación que viven muchas mujeres víctimas de violencia de género y la necesidad de respuestas más eficaces tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general.
Los hechos ocurrieron en el barrio San José de Sahagún, alrededor del mediodía, cuando vecinos escucharon una discusión acalorada proveniente de una vivienda donde residían Yuliana y Herazo. Según versiones preliminares recogidas por medios de comunicación, la pareja llevaba tiempo con conflictos en su relación, y la joven había sufrido maltratos verbales y físicos, al punto de que incluso había alertado a amigas y, según algunos testimonios, habría intentado denunciar la situación ante las autoridades sin que se lograran acciones contundentes para protegerla.
En medio del altercado, presuntamente, Herazo tomó un arma blanca (cuchillo o similar) y le propinó una herida en la zona del cuello a Yuliana, causándole la muerte de forma casi inmediata. Los gritos, los sonidos del altercado y luego el silencio fueron suficientes para que vecinos, alarmados, llamaran a las autoridades y dieran aviso de lo que estaba ocurriendo, aunque cuando la Policía llegó al lugar el agresor ya había huido.
Tras cometer el crimen, Yosman Herazo no solo huyó del lugar, sino que lo hizo llevándose consigo a la hija de ambos, una menor de aproximadamente dos o tres años, en un intento por evadir a las autoridades. El presunto agresor se movilizó en un vehículo, descrito por testigos y por la Policía como un Chevrolet Sail de color negro, con rumbo inicialmente hacia el departamento de Sucre. De inmediato se activó un plan candado por parte de la Policía Nacional, con patrullas y unidades especializadas que rastrearon rutas intermunicipales en coordinación con la comunidad.
Por fortuna, la niña fue rescatada ilesa durante la persecución, y luego entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el respectivo proceso de restablecimiento de derechos, mientras que Herazo fue interceptado y capturado en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, pocas horas después de los hechos. Este desenlace fue clave para impedir una tragedia aún mayor, pero lo sucedido dejó a toda una comunidad consternada y exigió respuestas sobre cómo ocurrió un hecho tan atroz en pleno centro urbano.
La investigación inicial y la acción de la Fiscalía General de la Nación han permitido que el caso avance rápidamente hacia la fase judicial. Herazo fue dejado a disposición de la Fiscalía a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), y ahora enfrenta varios cargos legales, entre ellos feminicidio agravado y secuestro de menor de edad – por la retención de la niña durante su fuga — delitos que, según fuentes oficiales judiciales, pueden implicar penas que se acumulan hasta cerca de 60 años de prisión si se comprueba su culpabilidad en todas las imputaciones formuladas por el ente acusador.
El feminicidio, tipificado en la Ley 1761 de 2015 (conocida como la Ley Rosa Elvira Cely), busca sancionar con rigor los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género o condición de ser mujer. Esta legislación contempla penas severas, y si se determina que hubo agravantes — como un historial de violencia intrafamiliar, lesiones previas, contexto de abuso psicológico o físico, y la retención de la menor — las sanciones pueden incrementarse todavía más. Además, leyes más recientes como la Ley 2356 de 2024 fortalecen la política criminal frente a delitos de violencia de género, eliminando la posibilidad de beneficios penales como la casa por cárcel o libertades condicionales para estos casos.
La reacción de las autoridades políticas y policiales no se hizo esperar. El gobernador de Córdoba lamentó profundamente el feminicidio y expresó su rechazo absoluto a la violencia contra las mujeres, reiterando que en el departamento “no habrá tolerancia frente a estos hechos” y que se fortalecerán las acciones para prevenir nuevos casos. Las declaraciones también incluyeron mensajes de solidaridad con los familiares de la víctima y con la comunidad, que ha vivido un periodo de incremento de estos crímenes en los últimos años.
La sociedad sahagunense, por su parte, ha salido a las calles para rechazar lo ocurrido. Vecinos, líderes comunitarios, organizaciones de mujeres y familiares han convocado marchas, vigilias y actos de memoria para Yuliana, alzando la voz con consignas que claman justicia y exigen políticas públicas más efectivas para proteger a mujeres en riesgo. La frase “Ni una más” ha resonado con fuerza en estas manifestaciones, un grito que busca erradicar la violencia de género y recordar que el feminicidio no es un hecho aislado sino un problema estructural que necesita respuestas integrales.
Este caso en Sahagún, como muchos otros en Colombia y el mundo, evidencia no solo la brutalidad con la que la violencia machista puede manifestarse, sino también la urgencia de mecanismos de prevención, protección y atención temprana. Desde campañas de sensibilización sobre la cultura de respeto hacia las mujeres, hasta rutas efectivas de protección para víctimas de violencia doméstica, pasando por una respuesta judicial firme y una mayor coordinación entre instituciones estatales, este hecho ha reavivado el debate público y la necesidad de acciones concretas para evitar que tragedias como la muerte de Yuliana se repitan.