La controversia por el desalojo masivo realizado en el sector conocido como Berlín, en la ciudad de Montería, continúa generando fuertes reacciones a nivel local y nacional, luego de que la senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, se pronunciara públicamente con duras críticas contra el alcalde Hugo Kerguelén, a quien responsabilizó por el impacto humanitario que dejó el operativo adelantado por la administración municipal con apoyo de la fuerza pública.
La intervención de la congresista se dio a través de su cuenta oficial en la red social X, donde cuestionó de manera directa la decisión del mandatario local de ordenar el desalojo de un asentamiento informal en el que, según diferentes versiones, habitaban más de 5.000 personas, entre ellas niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y familias enteras que habían llegado al lugar ante la falta de alternativas reales de vivienda digna.
En su mensaje, Avella no solo reprochó la forma en que se ejecutó el procedimiento, sino que puso en el centro del debate el enfoque social de la administración municipal, señalando que el alcalde no habría mostrado interés previo en atender las necesidades de las personas más pobres y sin techo de la ciudad, pese a haber promovido durante su campaña el lema “Una Sola Montería”.
La senadora calificó el desalojo como una acción que, a su juicio, desconoce la realidad social de miles de ciudadanos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y que encontraron en el asentamiento Berlín una alternativa precaria pero necesaria para sobrevivir ante la ausencia de políticas públicas efectivas de acceso a vivienda. Sus declaraciones encendieron un amplio debate en redes sociales, donde ciudadanos, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y sectores políticos se pronunciaron tanto a favor como en contra del alcalde, evidenciando la profunda polarización que ha generado el tema. Mientras algunos usuarios defendieron el desalojo argumentando la ilegalidad de la ocupación del terreno y la necesidad de hacer cumplir la ley y el orden urbano, otros respaldaron las críticas de Avella y denunciaron la falta de un enfoque humanitario, señalando que el operativo se desarrolló en medio de escenas de angustia, llanto, desesperación y pérdida total de las viviendas improvisadas construidas por los habitantes del sector.
Testimonios difundidos en redes y medios locales describieron cómo familias completas quedaron a la intemperie tras la demolición de sus ranchos, perdiendo no solo sus casas, sino también enseres, documentos y el poco patrimonio que habían logrado reunir. El desalojo del sector Berlín puso nuevamente sobre la mesa un problema estructural que afecta a Montería y a muchas ciudades del país: el déficit de vivienda, la expansión de asentamientos informales y la ausencia de soluciones integrales para las poblaciones desplazadas por la pobreza, el desempleo y la informalidad. La senadora Avella enfatizó que el Estado, y en particular las administraciones locales, tienen la obligación de proteger a los más vulnerables y de garantizar condiciones mínimas de dignidad antes de ejecutar operativos de esta magnitud, cuestionando que no se hayan implementado, según su postura, planes de reubicación efectivos, albergues temporales suficientes o alternativas claras para las familias afectadas. Asimismo, criticó lo que consideró una contradicción entre el discurso político del alcalde y las acciones de su gobierno, al señalar que el lema “Una Sola Montería” parecería no incluir a quienes viven en la pobreza extrema.
Desde la Alcaldía, por su parte, se ha sostenido que el desalojo respondió a decisiones administrativas y judiciales, y que el terreno ocupado no podía ser habitado por razones legales y de seguridad, aunque estas explicaciones no han logrado calmar del todo la indignación de sectores sociales que exigen respuestas más humanas y soluciones de fondo. La intervención de una figura nacional como Aída Avella elevó el debate a un plano político más amplio, convirtiendo el desalojo en un símbolo de la confrontación entre dos visiones de ciudad: una enfocada en el ordenamiento territorial y el cumplimiento estricto de la norma, y otra que prioriza el enfoque social y los derechos de las poblaciones vulnerables.
En este contexto, el caso de Berlín se ha transformado en un tema de discusión nacional sobre cómo deben actuar las autoridades frente a las ocupaciones informales, qué responsabilidades tienen los gobiernos locales en la garantía del derecho a la vivienda y hasta qué punto los procedimientos legales deben ir acompañados de medidas humanitarias. La polémica sigue abierta y las reacciones no cesan, mientras miles de familias afectadas esperan respuestas concretas, ayudas reales y soluciones que les permitan reconstruir sus vidas tras uno de los desalojos más controversiales registrados recientemente en la capital cordobesa.
