Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigencia el Decreto 1474 de 2025, firmado por el Gobierno Nacional bajo la declaratoria de emergencia económica, con el objetivo oficial de cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación para 2026. Esta norma contempla un paquete de medidas tributarias urgentes que han provocado un enorme impacto directo en la economía de las familias colombianas, especialmente en productos de consumo popular como licores de alto contenido alcohólico, cigarrillos y algunos servicios o bienes de consumo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien lideró la presentación de estas disposiciones, sostuvo que la medida busca incrementar el recaudo fiscal en más de $11 billones de pesos para poder equilibrar las finanzas públicas tras lo que el Gobierno describe como un desajuste fiscal que no pudo ser resuelto completamente con la reforma tributaria anterior.
Una de las medidas más debatidas y visibles del Decreto 1474 es el aumento de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las bebidas alcohólicas con alto grado de alcohol. Antes del decreto, productos como el aguardiente, el ron, el whisky, el brandy y otros licores alcohólicos estaban gravados con un IVA reducido del 5 %, mientras que con la nueva normativa se les aplica la tarifa general del 19 %. Esta modificación significa que el impuesto directo sobre estos productos aumenta casi cuatro veces, con una incidencia directa en el precio final al consumidor
El incremento del IVA no actúa solo: también se modificó el impuesto al consumo de licores, que incluye componentes específicos y ad valorem. El componente específico ahora está fijado en $750 por grado alcoholimétrico por unidad de 750 ml —una subida considerable frente a los valores anteriores— y el componente ad valorem se sitúa en 30 % sobre el precio de venta al público certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta combinación de gravámenes hace que el impacto fiscal sea mucho más fuerte que la simple alza del IVA, pues incrementa sustancialmente los costos de los productos en toda la cadena, desde productores y distribuidores hasta consumidores finales.
En términos prácticos, el efecto de estos aumentos se ha visto reflejado en los precios de los licores tradicionales en Colombia. Por ejemplo, el aguardiente de 750 ml, que en muchos casos rondaba los $50.000 pesos, puede ahora costar aproximadamente $63.000 pesos o más. El ron, dependiendo de la marca y región, podría pasar de valores cercanos a $55.800 pesos a cerca de $70.470 pesos; mientras que una botella de whisky que antes costaba alrededor de $63.980 pesos puede alcanzar precios de hasta $80.313 o superiores con los nuevos impuestos incluidos. En algunas regiones, como Caldas, estas subidas han sido calculadas hasta en 55 % para ciertos licores emblemáticos de industrias locales.
Pese a las fuertes subidas, el Gobierno ha querido resaltar que la cerveza no está incluida en este aumento del IVA, manteniendo la misma condición tributaria anterior. El ministro Ávila explicó que esta exclusión responde a que la cerveza es considerada un producto de “consumo social alto” en la vida cotidiana de millones de hogares y espacios de esparcimiento en Colombia, por lo cual se decidió no aplicar la tarifa del 19 %. Sin embargo, muchos sectores han cuestionado esta decisión, pues argumentan que la medida aún castiga a toda la cadena licorera tradicional y no atiende a las especificidades culturales y económicas de regiones que dependen de la producción de aguardiente o ron para el empleo y la economía local.
Otra de las partes del decreto que ha generado polémica es el aumento del impuesto a los cigarrillos, que ha pasado a ser también mucho más gravoso. Las nuevas tarifas establecen un componente específico por cajetilla de $11.200 pesos para los cigarrillos, muy por encima de los cerca de $2.100 pesos que se pagaban anteriormente. Este salto representa un incremento masivo en el impuesto a los productos de tabaco y ha sido presentado por el Ministerio de Hacienda como una medida tanto de recaudo como de salud pública. No obstante, los críticos han señalado que el fuerte aumento podría generar un desplazamiento hacia el mercado ilegal, con todos los riesgos asociados para la salud y la economía formal.
Más allá de los licores y los cigarrillos, el Decreto 1474 de 2025 incluye cambios tributarios en otros sectores como juegos de azar, apuestas en línea y compras en plataformas internacionales, entre otros. Por ejemplo, las apuestas por internet están sujetas ahora al IVA general y se redefine la base gravable, mientras que las compras internacionales de bajo valor que antes estaban exentas ahora comienzan a pagar IVA a partir de un monto más bajo. La suma de estas medidas busca, según el Gobierno, generar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado, mitigar el déficit del presupuesto y estabilizar las finanzas públicas para 2026.
Los gremios de comerciantes, industriales licoreros y algunos economistas han respondido con preocupación y advertencias. Una de las críticas recurrentes es la posibilidad de que estas fuertes alzas tributarias incentiven el contrabando y la economía informal, especialmente en sectores como el licor y los cigarrillos, donde ya existen mercados ilegales significativos. Aducen que cuando el precio de los productos formales se incrementa de manera abrupta, aumenta la demanda de productos de contrabando más baratos, lo que afecta no solo el recaudo fiscal que se espera generar, sino también a los productores legales y al empleo en regiones que dependen de estas industrias.
Adicionalmente, hay debate sobre la constitucionalidad de las medidas, ya que algunas de las disposiciones del decreto están siendo analizadas por la Corte Constitucional, que en anteriores ocasiones ha revisado decretos de emergencia económica para determinar si se ajustan a la Carta Magna. El juez o tribunal encargado evaluará si las razones de urgencia económica invocadas por el Ejecutivo justifican estas modificaciones tributarias de amplia repercusión social y económica.
En conclusión, las nuevas reglas fiscales consagradas en el Decreto 1474 implican un cambio profundo en la tributación de productos como aguardiente, ron, whisky y cigarrillos, elevando el IVA al 19 % y aumentando significativamente el impuesto al consumo, lo que se traduce en precios mucho más altos para los consumidores, con efectos económicos y sociales que han generado un amplio debate en todo el país. Aunque el Gobierno promueve estas reformas como una necesidad para asegurar los recursos del Estado, muchos sectores advierten riesgos de contrabando, afectación a industrias locales y presión sobre los hogares colombianos que ya enfrentan el desafío del aumento de costos en otros bienes esenciales.
