En medio de la compleja emergencia generada por las inundaciones que afectan a varios barrios de la margen izquierda de Montería, producto del aumento sostenido del nivel del río Sinú, comienzan a surgir denuncias ciudadanas que agregan un nuevo componente de preocupación a una situación ya crítica, pues residentes de sectores evacuados han alertado sobre presuntos robos en viviendas que debieron ser abandonadas de manera preventiva ante el avance del agua.
Unescenario que profundiza la sensación de vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes no solo enfrentan la pérdida parcial o total de sus enseres por la inundación,Sino también el temor de que personas inescrupulosas estén aprovechando la emergencia para ingresar a las casas desocupadas y sustraer pertenencias.
Según los testimonios difundidos por la comunidad, algunos vecinos han notado movimientos sospechosos en calles anegadas, así como puertas forzadas y viviendas abiertas al regresar de manera momentánea para revisar el estado de sus hogares, lo que ha encendido las alarmas en una zona donde la prioridad inicial era salvaguardar la vida y la integridad de las personas, pero donde ahora se suma la angustia por la seguridad de los bienes que quedaron atrás; la emergencia ha obligado a numerosas familias a evacuar con lo indispensable,.
Dejando muebles, electrodomésticos y objetos de valor en casas que, en muchos casos, quedaron completamente solas, lo que genera un ambiente propicio para hechos delictivos si no se cuenta con presencia institucional permanente, situación que los habitantes han señalado con preocupación, solicitando mayor acompañamiento de las autoridades mientras dure la contingencia.
El contexto no es menor, pues las inundaciones han alterado la movilidad normal, dificultando los patrullajes constantes y limitando el acceso a ciertos sectores, lo que incrementa la percepción de inseguridad y deja a los residentes con la sensación de que sus hogares están expuestos en un momento de extrema vulnerabilidad.
Líderes comunitarios han manifestado que, si bien comprenden la magnitud de la emergencia y el esfuerzo de los organismos de socorro enfocados en la atención humanitaria, consideran fundamental reforzar la vigilancia en los barrios evacuados para evitar que la tragedia se agrave con pérdidas adicionales ocasionadas por robos, ya que muchas familias ya lo han perdido casi todo debido al ingreso del agua.
Las denuncias que circulan en redes sociales y grupos comunitarios reflejan el estado de alerta de la población, que pide acciones preventivas antes de que se confirmen hechos mayores, subrayando que la simple sospecha de robos genera zozobra y estrés emocional en personas que ya están viviendo momentos de angustia, incertidumbre y cansancio físico.
En este escenario, la comunidad también ha hecho un llamado a la solidaridad y al respeto, recordando que aprovecharse de una emergencia para cometer delitos no solo es una falta grave, sino un golpe directo a familias que atraviesan una de las situaciones más difíciles de sus vidas, mientras esperan poder regresar a sus hogares cuando las condiciones lo permitan.
Por su parte, los ciudadanos han solicitado canales claros para reportar cualquier actividad sospechosa, así como información oportuna sobre las medidas que se están adoptando para proteger las zonas evacuadas, entendiendo que la prevención y la comunicación son claves para evitar el pánico y frenar posibles hechos delictivos.
La emergencia por las inundaciones en la margen izquierda de Montería ha puesto en evidencia no solo la fragilidad de la infraestructura ante el comportamiento del río, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección ciudadana en contextos de desastre, donde la seguridad no puede quedar en segundo plano.
Conclusión, mientras Montería enfrenta una de las situaciones más complejas derivadas del aumento del nivel del río Sinú, las denuncias sobre presuntos robos en viviendas evacuadas evidencian que la emergencia no solo se mide en metros de agua, sino también en el impacto social y emocional que deja en las comunidades, haciendo urgente un trabajo articulado entre autoridades y ciudadanía para proteger tanto la vida como los bienes de las familias afectadas y evitar que la tragedia se vea agravada por actos que atentan contra la solidaridad y la convivencia en momentos de crisis.
