La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Córdoba, presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado como presunto responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en un caso que ha causado profunda consternación en el municipio de Sahagún y en todo el departamento de Córdoba, luego de que las autoridades judiciales revelaran detalles de un violento ataque ocurrido el pasado 26 de enero en una vivienda ubicada en el barrio San José, donde, según la investigación, el procesado habría atacado brutalmente con un arma cortopunzante a su pareja sentimental, identificada como Yuliana Martínez, causándole una grave herida en el cuello que puso en inminente riesgo su vida.
Hechos que fueron calificados por la Fiscalía como una manifestación extrema de violencia basada en género y que encajan dentro de la tipificación penal de feminicidio agravado, teniendo en cuenta la relación sentimental existente entre la víctima y el agresor, así como la sevicia del ataque y el peligro real de muerte al que fue sometida la mujer; de acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, el ataque se habría producido en medio de una discusión al interior de la vivienda, tras la cual el hombre habría utilizado el arma blanca para agredir directamente a Yuliana Martínez en una zona vital del cuerpo, dejándola gravemente herida, mientras vecinos del sector alertaban a las autoridades y a los servicios de emergencia.
La víctima fuera trasladada de urgencia a un centro asistencial donde recibió atención médica oportuna que resultó determinante para salvarle la vida, según confirmaron fuentes oficiales del caso; sin embargo, la gravedad de los hechos no terminó con la agresión, ya que, tras cometer el ataque, el presunto agresor habría huido del lugar en un vehículo, llevándose consigo a una menor de apenas tres años de edad, hija de la pareja, situación que incrementó la alarma de las autoridades y activó de inmediato un operativo de búsqueda para dar con su paradero, teniendo en cuenta el riesgo en el que se encontraba la menor y la necesidad de garantizar su protección integral; gracias a la rápida acción de la Policía Nacional y al trabajo articulado con la Fiscalía.
El hombre fue ubicado y capturado horas después, permitiendo además el rescate de la niña, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzaban las diligencias judiciales contra el presunto agresor; durante la audiencia de control de garantías, el fiscal del caso expuso los elementos materiales probatorios, evidencias físicas y testimonios recolectados, los cuales sustentan la imputación por feminicidio agravado en grado de tentativa, delito que contempla severas penas privativas de la libertad según el Código Penal colombiano, especialmente cuando concurren circunstancias como la relación de pareja, la violencia reiterada, el uso de armas y la afectación directa a una mujer por razones de género.
El juez, tras evaluar los argumentos de la Fiscalía, avaló la imputación y decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando que el procesado representa un peligro para la víctima, para la menor involucrada y para la sociedad, además de existir riesgo de obstrucción a la justicia y posibilidad de reincidencia; este caso ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de la comunidad de Sahagún, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y autoridades locales, quienes han reiterado el llamado urgente a denunciar cualquier forma de violencia intrafamiliar o de género y a fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las mujeres en situaciones de riesgo, recordando que el feminicidio y sus formas tentadas constituyen una de las expresiones más graves de la violencia estructural contra las mujeres en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, reafirmó su compromiso con la investigación y judicialización de este tipo de conductas, señalando que continuará actuando con rigor para garantizar justicia a las víctimas y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia de género, mientras el proceso penal avanza hacia las siguientes etapas, en las que se definirá la responsabilidad del acusado y la eventual condena; este caso se suma a una preocupante estadística de hechos violentos contra mujeres en el país, lo que pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una respuesta integral del Estado y de la sociedad para prevenir estos crímenes, proteger a las víctimas y sancionar de manera ejemplar a los responsables, dejando claro que la violencia contra la mujer no es un asunto privado sino un grave problema de orden público y de derechos humanos que debe ser enfrentado con decisión y responsabilidad.
