El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender el debate político nacional tras denunciar públicamente que existirían supuestos planes para privarlo de la libertad en plena antesala del proceso electoral de 2026, una afirmación que, aunque no está acompañada de pruebas documentales hasta el momento, ha generado fuerte controversia y reacciones dentro y fuera del escenario político colombiano, especialmente por señalar directamente al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda como presuntos responsables de una estrategia destinada —según Uribe— a silenciarlo e impedirle hacer campaña durante un momento clave para el país, en el que ya se desarrollan actividades proselitistas de cara a las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales; el líder del Centro Democrático aseguró que esta advertencia le ha sido reiterada por ciudadanos y miembros de su equipo político cada vez que asiste a reuniones en Bogotá, donde, según sus palabras, le transmiten mensajes de preocupación en los que le afirman que “lo quieren meter preso” justo cuando su presencia política resulta más influyente, lo que Uribe interpreta como una repetición de escenarios que ya habría enfrentado en anteriores periodos electorales, en los que, según él, se intentó afectar su imagen y su libertad para debilitar a su sector político; el exmandatario sostuvo que, tras más de tres décadas de investigaciones.
Judiciales, no existirían pruebas contundentes en su contra, razón por la cual —de acuerdo con su versión— quienes buscarían encarcelarlo estarían intentando construir un nuevo contexto judicial a partir de declaraciones de exparamilitares, particularmente del testimonio de Salvatore Mancuso, quien recientemente regresó a Colombia tras cumplir condena en Estados Unidos y ha entregado versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz y otros escenarios judiciales, declaraciones que Uribe considera manipulables o utilizadas con fines políticos; el expresidente afirmó que este tipo de maniobras buscarían crear un “contexto paramilitar forzado” que no correspondería con hechos probados, insistiendo en que su trayectoria ha sido objeto de escrutinio constante sin que se haya logrado una condena en su contra, lo que, desde su perspectiva, refuerza la tesis de una persecución política más que judicial; no obstante, Uribe también reconoció que, hasta ahora, los comentarios que ha recibido no están respaldados por documentos oficiales ni por decisiones judiciales concretas, razón por la cual anunció que instruirá a su equipo jurídico para que investigue el origen y la veracidad de estas advertencias, con el fin de determinar si existe alguna actuación irregular o si se trata únicamente de rumores propios de la polarización política que vive el país; estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión política, marcado por profundas divisiones entre el Gobierno nacional y los sectores de oposición, así como por un clima electoral anticipado en el que las figuras con mayor reconocimiento público comienzan a movilizar bases y a posicionar discursos, en ese contexto, Uribe ha retomado recorridos por distintas regiones del país, acompañando a la senadora Paloma Valencia, una de las principales aspirantes de la centro derecha a la consulta presidencial, quien competirá con otros ocho candidatos en los comicios internos programados para el 8 de marzo, un proceso que será determinante para definir el rumbo de ese sector político rumbo a 2026; la presencia activa de Uribe en estas giras ha sido interpretada tanto por sus seguidores como por sus detractores como una señal de su intención de seguir
Influyendo en la agenda política nacional, lo que añade un elemento adicional de tensión a sus denuncias, pues sus críticos consideran que este tipo de declaraciones podrían buscar deslegitimar de antemano decisiones judiciales o victimizar su figura ante la opinión pública, mientras que sus simpatizantes sostienen que se trata de una alerta legítima frente a posibles abusos de poder; hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Iván Cepeda han presentado órdenes, anuncios oficiales o decisiones judiciales que respalden las afirmaciones del exmandatario, y desde sectores cercanos al Gobierno se ha insistido en la independencia de la justicia y en que cualquier proceso judicial debe resolverse en los estrados, sin interferencias políticas, lo que deja el debate abierto entre quienes ven en las palabras de Uribe una denuncia grave que amerita investigación y quienes consideran que se trata de una narrativa propia del ambiente electoral, diseñada para movilizar emociones, reforzar lealtades y marcar distancia frente a sus adversarios en un país que se encamina hacia una de las contiendas electorales más polarizadas de los últimos años.
