En una decisión considerada histórica por estudiantes, docentes y sectores del sistema de salud, el Gobierno Nacional de Colombia encabezado por el presidente Gustavo Petro puso en marcha a partir de enero de 2026 el pago mensual de un salario mínimo legal vigente (SMMLV) —junto con afiliación integral a seguridad social— a los médicos internos que cursan su internado obligatorio en hospitales y clínicas del país, marcando un hito sin precedentes en la historia de la formación médica en Colombia y saldando una deuda de larga data con un sector que durante décadas realizó labores asistenciales clave sin recibir una compensación económica formal por su trabajo. Esta medida, que beneficia a cerca de 8.000 estudiantes de medicina de las distintas facultades acreditadas del país durante su año de prácticas profesionales, se materializó gracias a la implementación del artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 —parte de la denominada Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia— y a la Resolución 010 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamenta tanto el reconocimiento económico como la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, riesgos laborales y pensión.
Según lo informado oficialmente por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), los recursos para este reconocimiento son girados directamente a cada interno sin intermediarios, lo que garantiza la trazabilidad del dinero público y fortalece la transparencia en el manejo de los fondos destinados a esta política pública, eliminando los filtros administrativos que históricamente dificultaron la llegada de recursos a los beneficiarios. En concreto, el interno recibe una remuneración mensual equivalente a un salario vital mensual vigente —en 2026 fijado en $1.750.905— más la correspondiente seguridad social integral valorada en aproximadamente $541.800, lo que representa un ingreso total mensual de alrededor de $2.292.705 por persona.
La puesta en marcha de esta política responde a una demanda histórica del gremio estudiantil de medicina, que por años ha denunciado la precarización de sus condiciones durante el año de internado rotatorio obligatorio, etapa en la que los futuros médicos desempeñan funciones asistenciales esenciales en la red de salud pública y privada, con jornadas que en muchos casos superan las doce horas, sin que ello implique un reconocimiento formal en términos de salario ni de protección social. Con la implementación del salario mínimo, estos estudiantes dejan de ser considerados únicamente como aprendices no remunerados y pasan a ser reconocidos en forma efectiva por su aporte al sistema de salud, con todos los derechos asociados a la seguridad social.
La medida —que contó con un acto oficial en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño con la presencia del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, el viceministro de Protección Social, directivos de la ADRES, representantes del sector salud, universidades, hospitales y estudiantes— se enmarca dentro del enfoque del Gobierno nacional de dignificar el talento humano en salud, reducir la precariedad laboral y avanzar hacia un sistema de salud más justo y humano, centrado en quienes sostienen la atención sanitaria diaria de la población. En el evento, las autoridades resaltaron que esta política no solo reconoce el esfuerzo y la carga laboral de los internos, sino que también sienta un precedente para futuras discusiones sobre condiciones de trabajo digno para otros profesionales en formación.
Desde el punto de vista presupuestal, la decisión representa una inversión significativa del Estado colombiano en el fortalecimiento de su sistema de formación médica y en el reconocimiento de los recursos humanos que lo sostienen. Para la vigencia de 2026, el Gobierno destinó alrededor de $214.000 millones de pesos exclusivamente para la remuneración de los internos de medicina, monto que se suma a $456.000 millones adicionales dirigidos al Sistema Nacional de Residencias Médicas, alcanzando una inversión total de aproximadamente $670.000 millones de pesos para apoyar tanto a internos como a residentes médicos en su desarrollo profesional y en condiciones que les permitan ejercer su labor con mayor dignidad y seguridad.
Aunque la remuneración no establece una relación laboral tradicional —es decir, no implica un contrato de trabajo en sentido estricto— las autoridades subrayaron que el reconocimiento económico y la afiliación a seguridad social integral constituyen pasos fundamentales para reconocer formalmente el papel de los médicos internos como actores esenciales en la prestación de servicios de salud y para brindarles protección frente a riesgos laborales y cobertura en salud y pensión, aspectos que antes no estaban garantizados durante su internado. Esta inclusión en el esquema de seguridad social es vista como un avance progresivo en materia laboral y educativa, que busca equiparar las condiciones de los internos con las de otros trabajadores formalmente remunerados.
El anuncio y la implementación de este reconocimiento económico han sido recibidos con amplio respaldo por parte de estudiantes de medicina, docentes universitarios, gremios y organizaciones del sector salud, muchos de los cuales han señalado que la medida representa un avance estructural en la dignificación de la formación médica, mejora las condiciones de vida de quienes dedican tiempo completo a su práctica clínica y responde a las largas jornadas y responsabilidades que asumen en hospitales y clínicas sin contraprestación económica. Para los estudiantes que tradicionalmente debían afrontar gastos de manutención, transporte y alimentación sin ingresos propios durante su internado, esta política ofrece un alivio financiero significativo y una mayor equidad en las condiciones de formación profesional.
La implementación del salario mínimo para médicos internos también es parte de un movimiento más amplio dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Petro, que busca promover el trabajo decente y digno, extendiendo principios de protección social y remuneración justa a sectores históricamente excluidos o precarizados. Esta reforma, que fue aprobada en 2025 y entró progresivamente en vigor, incluyó diversas modificaciones a las normas laborales del país con el objetivo de fortalecer los derechos de los trabajadores y ampliar la cobertura de la seguridad social, siendo el reconocimiento del salario y la seguridad social para internos de medicina uno de los puntos más emblemáticos de este paquete de políticas.
En resumen, la medida que permite por primera vez que los médicos internos de Colombia reciban un salario mínimo legal y afiliación a seguridad social durante su internado obligatorio representa un cambio histórico en las políticas de salud y educación del país, salda una deuda histórica con miles de estudiantes y posiciona al Estado colombiano como pionero en la búsqueda de condiciones laborales más dignas y justas para quienes sostienen la atención sanitaria desde sus primeros años de práctica profesional.
